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Red Internacional

Mientras el Fondo anuncia como punto clave del acuerdo la reducción fuerte de subsidios para electricidad y gas, los funcionarios del Frente de Todos esquivan hablar de porcentajes y demás aspectos que derivarán en un nuevo golpe al bolsillo popular. Tras las próximas audiencias públicas se verá el verdadero “plan” para aumentarnos aún más las boletas de esos servicios básicos.

Lunes 31 de enero | 10:22

Este lunes habrá audiencia pública para definir un nuevo cuadro tarifario del gas. El 17 de febrero habrá otra para hacer lo propio respecto a la electricidad. Si bien ambas fueron convocadas con bastante anticipación, cobran un significado especial luego del anuncio oficial de un principio de acuerdo con el FMI, donde la redacción de subsidios para las empresas productoras y distribuidoras de energía es un punto clave.

Fue el mismo Fondo el que en su comunicado del viernes (luego de los anuncios del Gobierno nacional) manifestó lo “fundamental” que será “reducir los subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público”. Por si fuera poco, en las últimas horas la número dos del FMI, Gita Gopinath, detalló por Twitter “las principales áreas del acuerdo”, donde menciona “una vía fiscal para mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas”, la reducción del “financiamiento monetario”, la reducción del “déficit primario a 0 para 2025” y destacó que “será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.

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El tema de las tarifas energéticas agrega un elemento político nada menor. A nivel gubernamental, esa área específica está manejada por funcionarios ligados estrechamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como se recordará, el año pasado hubo chispazos entre el ministro de Economía Martín Guzmán (albertista) y el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo (cristinista) alrededor del aumento de las tarifas de la luz. Otro de los funcionarios clave es Federico Bernal, interventor del Enargas.

En las últimas semanas los funcionarios nacionales anticiparon que la intención oficial es aumentar tanto la electricidad como el gas no más de un 20 % (al menos en esta primera etapa del año). Sin embargo, la comunicación del FMI manifiesta que la quita de subsidios deberá ser, aunque “progresiva”, constante. Lo que implica indudablemente un aumento sostenido de las tarifas que, aunque por el momento no serían al nivel de los brutales tarifazos de Muricio Macri, se aplicarán sobre ingresos populares que ya acumulan cuatro años de deterioro.

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Hay que tener en cuenta que en 2021 los subsidios entregados por el Estado a las empresas energéticas fueron de casi U$S 11.000 millones, lo que representa un 2,4 % del Producto Bruto Interno (PBI). Eso significó un aumento del 75 % de esos subsidios respecto a 2020 y del 130 % en comparación con 2019.

Hace algunos días Darío Martínez, titular de la Secretaría de Energía (que responde a Guzmán) publicó en el Boletín Oficial un informe sobre cuánto deberían aumentar las tarifas de gas (según lo presupuestado por el propio Gobierno). Allí se afirma que deberían subir, cuanto menos, un 35 %. Eso de por sí implica más que lo manifestado por otros funcionarios públicamente, incluido el propio Martín Guzmán, donde se habla de no más de un 20 %.

Según los cálculos de la Secretaría de Energía, para este 2022 no se prevé una reducción de los subsidios sino un incremento. En el caso del gas, el informe publicado en el Boletín Oficial anticipa una “necesidad adicional de fondos del orden de los $ 81.000 millones” para poder alcanzar las metas de un aumento sólo del 35 %.

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Pero además de lo pactado con el FMI, hay algunas “complicaciones” extra de las que, al menos de momento, Economía prefiere no hablar. Por un lado, el Gobierno supone que los segmentos de transporte y distribución de gas no tendrían incrementos en sus costos, lo que no parece satisfacer a las propias empresas (como TGN y TGS, Metrogas y Camuzzi) que vienen publicando balances negativos por “desactualización” de ingresos.

Otro elemento es el aumento del precio internacional del gas natural licuado (GNL). En el caso de Argentina, en 2021 se importó gas a un valor promedio de US$ 8,5 el millón de BTU, pero la misma Secretaría de Energía calcula que ese precio para este año podría llegar a los US$ 23,7 (más US$1,3 por cada millón de BTU en concepto de”costo de regasificación”).

Y otro factor adicional que complica los cálculos oficiales es que este año el Gobierno de Bolivia ya anunció que venderá menos gas al precio esperado (US$ 7,46 por millón de BTU), debido a que su producción tuvo un descenso cercano al 13,5 % interanual en el último trimestre. Entre el gas boliviano (7 %) y el GNL importado de otras latitudes (9 %), el Estado argentino gastará mucho más de lo previsto para conseguir ese 16 % del total del gas demandado en el país.

Si se atiende el discurso público de los funcionarios del Frente de Todos, el objetivo oficial es que el aumento de las tarifas no alcance siquiera a la mitad de la inflación. Y aunque ese incremento ya signifique un nuevo golpe a los bolsillos populares, todo hace prever que ni siquiera esos aumentos anunciados se podrán respetar en el marco del escenario que abre el acuerdo con el FMI.

El Gobierno apostará a lo que llama la “segmentación” de las tarifas, bajo la lógica de que “paguen más quienes más tienen”, reduciendo subsidios de forma escalonada. Pero es claro que, para los planes del FMI (a los que el Gobierno se propone respetar religiosamente) ningún hogar del pueblo trabajador deberá zafar de los aumentos de la energía. Así, el combo de ajuste fiscal, reducción de la brecha cambiaria y reducción de subsidios a servicios públicos, ubicará al salario real en una situación de mayor fragilidad de la que ya padece.

Queda cada vez más claro lo lejos que está el Frente de Todos de pensar un sistema energético integral, donde la electricidad, el gas y el agua sean servicios públicos realmente para todas y todos, es decir un derecho básico. Ni el peronismo ni mucho menos el FMI pueden pensar una solución real al problema de los multimillonarios subsidios a grandes empresas multinacionales y nacionales. Algo que sólo el Frente de Izquierda plantea, a partir de la conformación de empresas nacionales controladas por sus trabajadores y usuarios y que integren la generación, la transmisión y la distribución de energía.




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