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Red Internacional

Anunciada la “temporada de incendios forestales” por parte del Ministerio de Ambiente de Jujuy, incendios que arrasaron en el 2020 con 41.877 hectáreas; cabe preguntarnos ¿Cómo se prepara el gobierno provincial para combatir el fuego este año?

Cintia VargasEstudiante de Historia UNJu

Miércoles 20 de octubre | 14:18

Desde la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales del Ministerio de Ambiente advirtieron por el “alto” riesgo de incendios forestales que se avecina y que en días anteriores devino en varios focos de incendios. Estos originados, algunos por la quema de pastizales y otros por motivos “desconocidos”, muy similar al 2020 cuando los incendios empezaban en las afueras de las fincas y propiedades privadas de Ledesma.

Hasta el 16 de octubre, los focos extinguidos eran a la vera del Río Piedras, en Yuto, mientras otros tuvieron lugar en Santa Clara, la Ruta Nacional 34, a la altura de la ciudad de San Pedro y en la localidad Alfarcito en Tilcara, en cercanías a la Garganta del Diablo.

Expansión de la frontera agropecuaria

Por su clima y su tierra los departamentos de Valle Grande, Ledesma, San Pedro y Sta. Bárbara han formado parte de las regiones de explotación agraria, entre otros “emprendimientos” de producción de materias primas para la exportación, y que también se da en los valles (tabaco).

El avance de la caña de azúcar en Ledesma desde sus inicios por 1876, mostró su “progreso” sobre tierras de bosque nativo y también sobre los cuerpos de pueblos originarios y campesinos que dejaron sudor, sangre y vida en los surcos. Siendo el mayor exponente el Ingenio Ledesma, seguido por La Esperanza y otros menores.

Hoy, el avance sobre la frontera agropecuaria se da en nuestra provincia con el monocultivo del emporio de la caña de azúcar como ocurre con el monocultivo de la soja en otras provincias.

Así, la extensión de la frontera agropecuaria sumado a los incendios y también a la tala indiscriminada demostrada por la NASA, que difundió imágenes del satélite Landsat (21/05/20) sobre el Gran Chaco, donde se evidencia el desmonte en la zonas de las provincias de Jujuy, Salta y Chaco para cultivo y pasturas. Forman parte de la continuidad con la política económica (extractivista) del país y la provincia. La nueva atadura al FMI, aunado a los intereses de los sectores empresariales y terratenientes de Jujuy, han generado en el 2020 en la “temporada de incendios” la pérdida de 8.708ha pertenecientes al Parque Nacional Calilegua, que en más de 40 días de lucha sin recursos necesarios ni la cantidad de bomberos a disposición; el fuego arrasó con un total de 41.877 ha, en las regiones de las yungas y valles, de las cuales 30.518 fueron de Bosque Nativo, mayormente de la zona del Ramal.

¿Cuál es el Plan de Manejo del Fuego que sostiene el gobierno provincial?

Desde el gobierno provincial se apunta hacia “la prevención del fuego como única opción” así lo enfatizan sus folletos. Porque desde ese punto “la intencionalidad” siempre es individual y no de un grupo de terratenientes, empresarios con intereses en el agronegocio que buscan expandirse en base a la deforestación y destrucción ambiental del suelo.

Y aun con las cifras récord de incendios a nivel nacional y con el reconocimiento del ministro nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que reconoció que el "95% los incendios son intencionales", más la expansión global de los incendios como instrumento para afectar tierras vírgenes, con claros intereses de explotación, sumado al calentamiento global con sus altas temperaturas y sequías.

En Jujuy, el gobierno de Morales anuncia jocosamente 58 hombres y mujeres brigadistas calificados para combatir el fuego, quienes son ayudados por bomberos voluntarios de otras provincias en caso de emergencia, como así también, son ayudados por empresas como Ledesma , J.E.M.S.E y entidades públicas. Por lo tanto, a este paso, en la provincia el fuego tiene vía libre.

Las leyes están, el presupuesto no

La Argentina cuenta con dos leyes principales en materia de fuego.
La Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental relativo a las actividades de quema en todo el territorio nacional, que prohíbe toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local.

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego, por su parte, establece presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales, etc.

Esta última ley, crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) como coordinador y administrador, la Administración de Parques Nacionales (APN) y las provincias.

A su vez, confecciona el Plan Nacional de Manejo del Fuego alcanzando cada una de las provincias y APN, también en toda la Nación a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e integra los planes regionales, actuando como enlace entre el nivel nacional y provincial.

Asimismo, la Ley 26.815 en su artículo 30 indica: “créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación”, fondo que aún no ha sido creado y, a pesar, de los distintos gobiernos nacionales que pasaron.

El manejo del fuego se afirma como una no prioridad. Aunque en el proyecto de ley de Presupuesto 2021, aparece por primera vez un "intento" por crear este Fondo, con una contribución obligatoria del tres por mil (3%) debiendo incrementarse en un monto cercano a los $1.200 millones, un monto similar al destinado al Fondo para la Conservación de Bosques Nativos, esto último analizado desde el estudio “Argentina Incendiada. Lo que el fuego nos dejó” de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para aclarar, este fondo se emplea de forma parcial y mínima y según cálculos de la fundación Vida Silvestre Argentina, con el presupuesto 2021 presentado por el ministro Guzmán, se asignaron solo para el cuidado de los bosques en todo sentido (equipamiento, formación, programas educativos, pago a propietarios por conservación, etc.) el equivalente a 25 pesos anuales por hectárea. Similar al desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, explicitado en la precarización a los brigadistas con sueldos de miseria y la falta de herramientas para combatir el fuego.

Incluso, en noviembre del 2020 se modificó la presente ley (26.815) ante las críticas de entidades ambientales no gubernamentales, que tuvieron reparos sobre los plazos de treinta y sesenta años que se otorga a las zonas afectadas para recuperarse. Alegando, que estos no deberían ser fijos, sino “el tiempo que transcurra hasta lograr la efectiva restauración y/o recomposición de las zonas afectadas”(Fundación Ambiente y Recursos Naturales) para atender a la realidad de cada territorio. Para atender a la realidad ecológica de cada bosque según “clima, vegetación, fauna, impactos ambientales de alrededor y pueblos y comunidades afectadas”(Endepa).

Por lo tanto, a la fecha, la profundización del extractivismo continua en todas sus formas (con las prácticas del fuego y con las otras) y a convertir a Argentina en una “zona de sacrificio”, entregando recursos y bienes naturales al “régimen del FMI”.

Dado que poner fin a un modelo extractivista y su depredación ambiental avalada por Fernández y Morales con los fondos desfinanciados, hace de los incendios, que son parte de un problema a nivel mundial, una responsabilidad nacional y provincial.
Al respecto, la diputada provincial Natalia Morales del Frente de Izquierda Unidad sostiene: "Más allá de qué Morales venda como publicidad Jujuy Verde, es importante marcar que como sucede a nivel nacional, el Estado provincial promueve el desmonte y extractivismo como política, que luego incide en los incendios intencionales del sector privado. A su vez, no se garantiza la protección de bosques nativos como establece la Ley y si hablamos de manejo de fuego, persisten condiciones de precariedad de brigadistas e incluso de los bomberos voluntarios de Jujuy, que con bajos presupuestos no están a la altura de poder combatir el fuego para evitar desastres ecológicos".

En conclusión, la clave seguirá estando en la resistencia y autorganización del pueblo trabajador, la juventud, las organizaciones socioambientales, los científicos comprometidos y las comunidades indígenas que no se resignan ante este modelo de saqueo y destrucción.




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