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Red Internacional

Según el jefe de Gabinete Martín Insaurralde, el Frente de Todos quiere inscribir 20.000 cadetes en 2022 y la misma cantidad en 2023. Busca engordar casi en un 50 % a la fuerza represiva que regentea el crimen organizado y es especialista en gatillo fácil, torturas y desapariciones forzadas. Festeja el ministro Sergio Berni.

Martes 30 de noviembre de 2021 | 10:09
Foto Twitter Insaurralde

Este lunes el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y el ministro de Seguridad Sergio Berni participaron de una “jornada de inscripción” a la Escuela de Formación Policial de la Provincia de Buenos Aires, realizada en el Polideportivo Rusticucci de Pilar (norte del GBA). Allí compartieron risas y palabras con el intendente Federico Achával.

En su alocución, Insaurralde dijo que “por orden y decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof” el Gobierno provincial va “a transformar la Policía de la provincia de Buenos Aires”. ¿Cómo? “Se van a capacitar y van a comenzar el ciclo 2022, 20.000 nuevos policías y lo mismo sucederá en 2023″.

Berni, por su parte, agregó a su turno que “el gobernador ha decidido y encomendado al jefe de Gabinete la tarea de duplicar en dos años la fuerza operativa de la Policía en el Conurbano bonaerense”.

El evento realizado no es extraño, en las últimas semanas Berni e Insaurralde vienen promocionando actividades similares en diversas localidades de la provincia. Según la versión oficial, buscan un “nuevo acercamiento de las autoridades” provinciales a “quienes aspiran a ser parte de las fuerzas de seguridad”.

Quienes sean seleccionados a partir de estas charlas podrán ingresar a la Escuela de Policía en 2022. En el evento de Pilar, los aspirantes a cadetes asistieron a dos charlas a cargo de los funcionarios, donde se les habló del proceso de inscripción y del método de selección de los futuros uniformados, a la vez que se les dio detalles de la formación que tendrán en caso de quedar seleccionados.

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Insaurralde y Berni confirmaron así que el Frente de Todos pretende convertir a la Bonaerense en el mayor “ejército de ocupación” de la historia en la provincia. Vale recordar que actualmente la fuerza tiene unos 90.000 miembros, con un crecimiento de casi el doble en menos de dos décadas, lo que lejos de terminar con la llamada “inseguridad” aumentó la capacidad de ese ejército de regentear y organizar el gran delito junto a empresarios de la ilegalidad.

Hace un año, luego de ceder ante la violenta extorsión de cientos de bonaerenses que sitiaron la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno en La Plata en reclamo de más ingresos por realizar sus tareas, Kicillof agradeció a Alberto Fernández por su “comprensión histórica” al decidir “distribuir recursos y lanzar un plan de seguridad para la provincia de $ 37.000 millones”. Se refería a la reasignación a la provincia de un 1 % de la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires. Aquel acto, casualmente, se realizó también en Pilar junto al intendente Achával.

Allí Kicillof aseguró que esos cambios iban “a mejorarle la vida a los vecinos” de la provincia. Lo mismo que hoy dicen Insaurralde y Berni ante cientos de jóvenes que aspiran a ponerse la gorra y calzarse la 9 milímetros en la cintura. Pero sucedió todo lo contrario. Las calles bonaerenses siguen regándose de sangre y es la propia Policía la que en gran parte de los hechos aprieta el gatillo, cada vez con más facilidad.

Casos como el de Lucas González, asesinado por policías de la Ciudad de Buenos Aires causó la indignación de importantes referentes del Frente de Todos que “usan” el caso para pegarle (y con mucha razón) a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pero mientras los uniformados porteños cometen esos delitos, en el conurbano y el resto de la provincia sus “colegas” bonaerenses no tienen nada que envidiarles.

La gestión peronista en la provincia de Buenos Aires no se hace ni cargo de casos como los de Facundo Castro, Brandon Romero, Francisco Cruz, Lucas Verón, Alan Maidana, Franco Cardozo y tantos más caídos en 2020 durante la cuarentena represiva.

Y tampoco de las muertes de Alejandro Martínez hace dos semanas en una comisaría de San Clemente ni de la brutal represión a una fiesta juvenil en Escobar (cerca de Pilar), apenas dos ejemplos recientes de las prácticas de la “maldita policía” nunca cuestionadas por los gobiernos y mucho menos prohibidas. Total normalidad.




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