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Red Internacional

Se trataría de una primera etapa del esquema de "segmentación", en línea con el programa de ajuste que se negocia con el FMI.

Viernes 4 de febrero | 19:56

Empiezan a salir a luz algunos detalles del plan de reducir los subsidios económicos a las privatizadas de servicios y hacer descargar esos costos en los usuarios, en principio bajo un esquema de segmentación, para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado.

De lo que se trata es de avanzar en los puntos de acuerdo con el FMI, que si bien no está aún cerrado ni se aprobó en el Congreso, hay una necesidad del Gobierno de mostrar su voluntad de concretar. El organismo ya adelantó que los subsidios en Argentina son “bastante generosos, no solo para los pobres”.

En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) envió una propuesta al Ministerio de Economía para avanzar con la segmentación de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentran el 40% de los usuarios residenciales.

Se destacan allí dos aspectos: un primer universo de usuarios residenciales que serán afectados con aumentos en las tarifas de electricidad al hacer pagar la tarifa plena (que luego podría ampliarse ya que es la primera etapa) así como a usuarios industriales y comerciales, y el nivel de aumento tarifario.

Quita de subsidios

"Los equipos técnicos del ENRE, en conjunto con investigadores del CONICET, trabajaron durante el año 2021 para definir los criterios de quita de subsidios y el diseño de la estrategia metodológica que permita identificar aquellas personas usuarias con capacidad de afrontar el costo pleno de la energía en el AMBA", expresa el documento.

Pero vale aclarar que la idea de que se subsidia "al consumidor" es al menos cuestionable, en tanto que los destinatarios de los subsidios económicos son las empresas distribuidoras de energía, y el objetivo es para sustentar sus ganancias.

Los resultados del trabajo del Enre fijan, para una primera etapa, afectar a cerca de 487.000 hogares del AMBA que perderán una parte de los subsidios, o en otras palabras, verán aumentadas las tarifas que pagan mensualmente. Se estima que representan e l10,0 % del total de residenciales de esa jurisdicción.

De ese total, 67.800 provienen del Gran Buenos Aires. Dichas zonas ​"cuentan con un conjunto de características que las vuelven accesibles sólo para sectores de altos ingresos", y "son zonas compactas y homogéneas en los que los inmuebles presentan un mayor valor inmobiliario relativo”, según detalla el Enre.

Asimismo, más de tres cuartas partes de los hogares que podrían perder subsidios en Buenos Aires están ubicados en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito, según el trabajo.

En el Gran Buenos Aires (GBA) se identificaron 67.800 personas usuarias, que habitan en una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro.

Los 466 countries y barrios cerrados ubicados en el conurbano también perderían subsidios. Allí hay 48.000 usuarios, según el número del Gobierno.​

Los residentes en esas áreas que consideren que deben seguir manteniendo los subsidios pueden completar un formulario. Allí deben indicar, a través de ciertos datos, que no "cuentan con la capacidad económica para afrontar el costo pleno de la tarifa eléctrica".

El documento aclara que los beneficiarios de tarifa social continuarán con ese régimen y no se verán afectados por la quita de subsidios.

A su vez también hay usuarios industriales y comerciales que pagarán tarifa eléctrica “plena”. “Desarrollan actividades que se caracterizan por tener precios dolarizados o financiamiento externo, que poseen elevada rentabilidad y/o pertenecen a mercados no transables (por lo que no tienen competencia con el exterior)”, detalla el organismo.

“En esta primera etapa se avanzará por las siguientes actividades: sector financiero; concesionarias de autopistas; transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (embajadas), juegos de azar y apuestas y usuarios que pertenecen al sector público nacional, CABA, PBA y sus municipios”, estima el ENRE.

¿De cuánto será el aumento de las tarifas?

Aún no hay nada confirmado. El documento presentado por el Enre indica que "El aumento de tarifas de electricidad estipulado para principio de año será de hasta 20% en 2022 a nivel nacional y se aplicará por única vez en el año." Pero no hay mayores detalles de sobre quiénes recaerá ese 20% o si será una "base" sobre la cual se apliquen las segmentaciones.

Debe recordarse que en 2021 los subsidios entregados por el Estado a las empresas energéticas fueron de casi U$S 11.000 millones, lo que representa un 2,4 % del Producto Bruto Interno (PBI). Eso significó un aumento del 75 % de esos subsidios respecto a 2020 y del 130 % en comparación con 2019.

Este viernes el Enre fijó nuevas tarifas para un grupo de grandes usuarios. La tarifa media para Edenor será de $ 5.452 por kilovatio/hora y para Edesur de $ 5.362 kw/h, para grandes usuarios, sin afectar a los públicos de salud y educación. La medida se dispuso a través de las resoluciones 41 y 42/2022 del organismo publicadas en el Boletín Oficial e implica un aumento de entre el 14 % y 16 %, en la tarifa de 9.449 grandes usuarios.

En el caso del Gas, un reciente informe publicado en el Boletín Oficial el titular de la Secretaría de Energía expresa que las tarifas deberían subir, cuanto menos, un 35 %. Eso de por sí implica más que lo manifestado por otros funcionarios públicamente.

Disputas internas, ajuste, ninguna salida de fondo

El secretario de Energía, Darío Martínez, salió a aclarar que las propuestas de segmentación en la electricidad realizadas por el Enre, Enargas y Conicet están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento junto al equipo del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo el diseño de la herramienta. “Se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”, afirmó en un tuit este viernes.

Continua la disputa interna dentro de la coalición de Gobierno por la aplicación de los tarifazos. De acuerdo a Infobae, sectores cercanos a la vicepresidenta, a quien responden el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, aseguran que las demoras para avanzar con la segmentación son responsabilidad del Ministerio de Economía.

En la misma línea, según lo publicado por La Nación, en la cartera de Guzmán rechazaron esta propuesta y el equipo económico está trabajando en otro diseño de segmentación en paralelo.

En medio de esta puja, y de la necesidad de acordar con el FMI un programa de ajuste para pagar la deuda ilegal de Macri, lo último que se considera es el problema energético en su conjunto y el tratamiento del derecho básico al acceso a los servicios públicos, y de calidad, para las mayorías sociales.

Lejos queda el diseño de un plan integral y una solución real a los multimillonarios subsidios a grandes empresas multinacionales y nacionales, que continúan privatizadas desde los años `90. Sólo el Frente de Izquierda plantea que todo el sistema energético (es decir de todas las etapas productivas: la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios) sea nacionalizado, mediante expropiación sin ningún tipo de indemnización a los actuales concesionarios, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares.




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